El Consejo General de Economistas (CGE) reclama que la Ley de Segunda Oportunidad, que se encuentra en fase de elaboración por parte del Gobierno no sea exclusiva únicamente para los autónomos, ya que también pretenden que se extiendan sus ventajas a otros profesionales y empresarios al margen de su forma jurídica. Se refieren básicamente a las pequeñas empresas y micropymes. 
Los economistas consideran de positiva la iniciativa del Ejecutivo, y así lo recoge un informe presentado por los presidentes del CGE, Valentín Pich, y del Registro de Expertos en Economía Forense (Refor), Leopoldo Pons.
La Ley de Segunda Oportunidad contempla entre otras medidas que los profesionales por cuenta propia cuenten con tres años para afrontar sus deudas en el caso de que presenten un concurso de acreedores, existiendo la posibilidad de quedar libres de estos pagos si una vez transcurrido ese plazo cumplen con una serie de requisitos y el juez lo estima oportuno.
Los economistas que elaboraron este informe consideran que se podría ayudar a “mejorar la economía” y a reducir “la economía sumergida”. Otra de las propuestas que plantean es que la segunda oportunidad también llegue a las personas físicas no empresarios para que no se produzcan las limitaciones que hubo en la Ley de Emprendedores, de manera que únicamente recurran a la mediación concursal las personas físicas que sean personas, lo que dejarían sin solución extraconcursal a las personas físicas. Consideran que estas medidas, además de la mediación concursal, no ha funcionado bien entre las pequeñas compañías, por lo que reclaman que las soluciones que se aplicaron con las medianas y grandes empresas también sean extensibles para las pequeñas.
Instan a que la mediación concursal funcione mucho más, ya que esta medida que entró en funcionamiento el año pasado sólo ha conseguido un número muy pequeño de casos, que en ningún caso rebasa los 60.