A partir del 1 de enero muchos comercios españoles se verán obligados a cerrar al ser incapaces de renovar el contrato con las nuevas condiciones después del decreto que procedió a la supresión de la prórroga forzosa en los contratos de arrendamientos celebrados a partir de mayo de 1985. 
Por eso representantes e las Plataformas de Afectados por la finalización de la renta antigua de Madrid, Aragón, Cantabria, Andalucía y La Rioja, además del secretario general y el secretario institucional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), mantendrán mañana miércoles un reunión con miembros del PSOE y senadores con intención de buscar una solución a los problemas que afectan a estos comerciantes.
La actual “Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 impuso una moratoria para la finalización de los locales arrendados bajo el auspicio de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 por un plazo de 20 años a contar desde la entrada en vigor de la actual Ley”, explican en la página web de UPTA. Y es que de esta manera se atendía a los problemas que atravesaban los sectores servicios y de comercio minorista.
Desde esta organización de autónomos sospechan que a partir de enero de 2015 “muchos de nuestros comercios tradicionales, en todo el país, y particularmente en los centros de las capitales y de las principales localidades, se verán obligados a negociar un nuevo contrato de arrendamiento“. Todo esto implicará un incremento de la renta a pagar por parte de los comerciantes, que ya atraviesan por una delicada situación económica, más grave que la de 1995.
La estimación inicial es que este problema puede afectar a unos 100.000 establecimientos en todo el país, entre los que destacan comercios, bares, talleres de reparación, oficinas o pequeños alojamientos hoteleros. De hecho, negocios míticos de gran trascendencia turística en los barrios de El Tubo de Zaragoza o del Sardinero (Santander) ya han recibido requerimientos para finalizar sus arrendamientos.