Las campañas electorales y los pactos políticos suelen quedar en muchas ocasiones en papel mojado. Los emprendedores ocupaban un lugar destacado en el acuerdo de gobierno que firmaron el PP y Ciudadanos el pasado agosto con intención de formar un pacto de investidura. Ahora que ya hay Gobierno le toca a Mariano Rajoy cumplir con muchas de esas propuestas, aunque resulta complicado que se lleven a cabo.
Con la intención de garantizar el cumplimiento en los plazos de pago a los autónomos, las dos formaciones habían incluido un régimen sancionador a todas aquellas administraciones públicas y empresas morosas que no respetasen las leyes en materia de pago a proveedores. En los seis años de la Ley de Morosidad la falta de sanciones ha permitido que casi nadie cumpliese con la normativa.
Vinculado con los morosos también se había propuesto que en las licitaciones públicas se reclamaría a los grandes contratistas el cumplimiento de los plazos de pago a las compañías que subcontraten. Algo muy complicado, sobre todo porque la mayor parte de las empresas no respetan esos plazos de pago. Las que suelen optar a estas licitaciones suelen ser medianas y grandes compañías, que también son las más morosas.
Otra promesa que había realizado el Gobierno de Rajoy afectaba a las ayudas a las startups con la creación de fondos de inversión públicos para colaborar económicamente a las empresas en las fases iniciales. Sin embargo, unos días después de las elecciones de junio el propio ejecutivo se encargaba de rebajar en un 91% las subvenciones de Enisa a las compañías tecnológicas.
En el discurso de investidura del 30 de agosto, el presidente del Gobierno admitió su intención de reducir los impuestos sobre todo a emprendedores, autónomos y pequeños empresarios, por ser los principales sufridores de la crisis y los encargados de reflotar la economía con sus esfuerzos, aseguró.