Las administraciones públicas han agilizado los pagos con los trabajadores autónomos en casi un par de semanas. En diciembre del año pasado tardaban de media unos 86 días y al término de junio lo hacían en 75 días. Así lo recoge el informe elaborado por la Federación de Asociaciones de Autónomos (ATA). 
Pese a que suponen buenas noticias, tampoco hay motivos para alegrarse, ya que todavía se está muy lejos de los 30 días que establece la ley. En la actualidad casi se sigue triplicando el periodo de pago. (Más información sobre la Ley de Morosidad).
Para realizar este estudio la organización de autónomos usa para el cálculo el periodo que transcurre desde que se entrega la mercancía o se emite la factura, hasta que se abona el servicio o producto por parte de la administración. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda utiliza otro sistema. El plazo empieza a contar desde la convalidación de la factura por parte del organismo público hasta que se efectúa el pago.
La administración más cumplidora en estos momentos con los trabajadores por cuenta propia es la Central, que se retrasa unos 44 días en abonar los recibos. Los ayuntamientos tardan más de dos meses (64 días), mientras que las comunidades autónomas prolongan los pagos hasta los 85 días. En este último caso se redujeron los plazos en 16 días en comparación a diciembre del año pasado.
Como acabamos de comprobar, la ley de morosidad no se respeta por parte de la mayoría de administraciones. Extremadura tarda en pagar sus facturas 155 días, frente a los 137 de Aragón o los 114 días de Comunidad Valenciana o Baleares. Suponen entre cuatro y cinco meses de retraso.
Por su parte, en el otro lado de la balanza se colocan Navarra y País Vasco, con 41 y 42 días, respectivamente, seguidos por Canarias (53 días) y Asturias (54).
Por su parte, las empresas privadas alargan los abonos de recibos hasta los 79 días, según ATA.