El Ministerio de Justicia se plantea que los autónomos y pymes se libren de las tasas judiciales, al menos en la primera instancia, tal y como han asegurado fuentes del Gobierno. Se pretende modificar la actual ley que puso en marcha en su momento Alberto Ruiz Gallardón, cumpliendo así una de las grandes reivindicaciones de distintos sectores como el de la abogacía. 
No olvidemos que la Ley de Tasas en la Administración de Justicia se aprobó a finales de 2012 y a los tres meses ya se produjo la primera modificación para disminuir la cantidad de ciertas cuantias y suprimir el pago de ciertos trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
La llegada al Ministerio de Rafael Catalá el pasado mes de septiembre provocó que anunciase una nueva revisión de las tasas, y ya tiene casi preparada la última propuesta que presentará al Consejo de Ministro, pendiente de recibir el visto bueno del área de Hacienda, ya que las nuevas medidas podrían implicar una merma considerable en las arcas del Estado.
En un principio está previsto excluir del pago de tasas a aquellos profesionales y empresas que no cuenten con más de 250 trabajadores en su plantilla y que su volumen de negocio esté por debajo de los 50 millones de euros. Éste es un paso más en la propuesta planteada por el Ministerio, que tenía intención de conservar el gravamen para las personas jurídicas, es decir empresas y sociedades.
La última palabra la tendrá que tomar en poco tiempo el Consejo de Ministros, pendiente de cómo se hará efectiva la reforma de la actual ley. La revisión de la normativa podría hacerse vía enmienda transaccional a la Ley de Justicia Gratuita.
Sin lugar a dudas esto supone una gran noticia para los trabajadores autónomos, que podrán recurrir a la justicia sin necesidad de realizar grandes desembolsos para ello.