Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los trabajadores autónomos son los impagos y las altas tasas de morosidad. Las leyes implantadas hasta la fecha no han conseguido el efecto deseado. Sin embargo, la Asociación de Autónomos de Baleares (ATA) propone un recargo del 20% a las administraciones públicas que no cumplan con los plazos que marque la normativa. 
En la actualidad, en el caso de esta comunidad, los impagos de los organismos públicos con los proveedores autónomos resulta bastante preocupante. El periodo de retraso en el pago de las facturas alcanza de media los 124 días, según esta asociación. Esto supone unos 30 días más en comparación con la media de España.
El Gobierno balear, que en mayo del año pasado tardaba 94 días, ha visto como incrementa su morosidad en un 43,6%, que eleva la cifra hasta los 135 días, que son cuatro meses y medio. Por su parte, en el capítulo de ayuntamientos, el de Palma, se retrasa en abonar las facturas a proveedores en 70 días, después de aumentar el tiempo de demora del pago en cuatro días respecto a mayo pasado.
El Consell de Mallocar paga las facturas en 36 días y el de Menorca en 34, con subidas respecto al ejercicio anterior de 1 y 10 días, respectivamente. Por su parte, el de Eivissa se retrasa 52 días, con un incremento de 12 días respecto a 2015.
Desde esta organización de autónomos solicitan mano dura con las administraciones públicas que no cumplan con la Ley de Morosidad. Para ello recomiendan que se ponga en funcionamiento un sistema de recargo del 20%, el establecimiento de un régimen sancionador para los que incumplan las normativas y la creación de un cuerpo de inspección que controle la morosidad.
Hay que recordar que muchos de estos autónomos se encuentran en la cuerda floja y que de prolongar aún más estos cobros sus negocios podrían estar en serio peligro.