Con anterioridad a la llegada de la crisis, el crédito bancario fluía con soltura hacia las pymes y emprendedores, por lo que éstos no necesitaban buscar vías alternativas de financiación. Sin embargo, a medida que comenzaron las restricciones y se endurecieron las condiciones exigidas por bancos y cajas a la hora de solicitar un crédito o una línea de descuento, la necesidad de encontrar nuevas fórmulas de acceso a la financiación aumentó.
El término Sociedad de Garantía Recíproca era desconocido entre las pymes españolas. Sin embargo, en los últimos años ha ido adquiriendo peso y notoriedad, hasta el punto de que para muchas pymes estas entidades se han convertido en una tabla de salvación para no tener que cerrar su negocio.
Entre enero de 2009 y junio de 2011 el número de pymes que ha acudido a una SGR en busca de financiación ha aumentado un 440 por ciento, de acuerdo con los datos de las Cámaras de Comercio. Porque a través de las SGR las pequeñas y medianas empresas pueden resolver una de las principales barreras de acceso a un crédito bancario: los avales y garantías.
Las SGR funcionan como avalistas de las pymes ante las entidades financieras a través de dos líneas de producto principales. Por un lado se encuentran los avales financieros, esto es, el capital exigido para poder disponer de un préstamo, una línea de crédito o un leasing. Cada SGR establece convenios con los diferentes bancos para poder ofrecer a sus asociados (pymes y autónomos fundamentalmente) este tipo de productos en condiciones preferentes, bien sea con intereses bancarios inferiores a los del mercado, períodos de amortización o carencia más largos, o comisiones más reducidas.
Por otro lado, las SGR también facilitan avales técnicos. En este caso el servicio que ofrecen es una garantía ante terceros, como la Administración pública o Hacienda. Algunas de ellas incluso han establecido convenios vinculantes para ofertar financiación bonificada a sus asociados.
Según datos facilitados por Cesgar, entre todas las sociedades de garantía recíproca aportaron el año pasado 1.760 millones de euros en avales a 106.080 pymes y autónomos, a una media de 16.591 euros por cada una de las operaciones formalizadas. Más del 90 por ciento de las mismas fueron a parar a compañías de menos de 50 empleados. Tomando como referencia los datos relativos a la actividad acumulada por las distintas SGR a lo largo de su vida operativa, en el conjunto de la economía española, sus actividades han representado un montante superior a los 23.500 millones de euros , con SGR Comunitat Valencia a la cabeza (más de 6.000 millones en avales concedidos) y Aval CLM como la última en incorporarse a este modelo. Esta entidad, adscrita a Cesgar desde el año pasado, sólo formalizó dos operaciones durante 2010 por un montante de 180.000 euros.
Además, el pasado mes de junio firmó su primer convenio de colaboración con Cajasol para facilitar financiación a las pequeñas y medianas empresas y autónomos regionales en condiciones preferenciales.
¿Cuáles son los requisitos?
Las Sociedades de Garantía Recíproca tienen un funcionamiento de club, para beneficiarse de sus líneas de financiación, es necesario estar asociado. Existen dos tipos de socios. De un lado están los socios partícipes, integrados fundamentalmente por las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que son los beneficiaros del aval. La condición de socio partícipe se adquiere suscribiendo una cuota social que es recuperable una vez pasado un período de tiempo establecido.
Por otro lado se encuentran los denominados socios protectores. Se trata fundamentalmente de instituciones públicas, privadas y mixtas que ofrecen recursos propios a las SGR para mejorar su solvencia. En la mayoría de las SGR son las Administraciones Públicas, Cámaras de Comercio, asociaciones y entidades de crédito quienes conforman este espectro de socios.
Para valorar a qué pyme o autónomo se le concede el aval, una vez cumplidos los requisitos mínimos, es necesario presentar un proyecto en el que se indique la finalidad del dinero solicitado, junto con toda la documentación requerida para realizar un análisis de riesgo. Es la propia SGR quien juzga la viabilidad de los proyectos sin exigir garantías materiales ni personales a los solicitantes.
Fuente: elEconomista.es