Una vez que una empresa tiene una situación financiera complicada y no puede hacer frente a las deudas, se declara en concurso de acreedores. En ese momento se inician una serie de procesos para poder explorar todas las opciones para poder salva la empresa del cierre definitivo.
Los concursos de acreedores pueden ser voluntarios, en caso de solicitarlo la propia empresa; o forzoso, si lo hacen los acreedores. En cualquier caso, el grupo empresarial es el mayor beneficiado, ya que el proceso concursal tiene por objetivo principal buscar la supervivencia de la empresa, para lo cual, se flexibilizan los pagos y sus plazos correspondientes, así como las condiciones para facilitar a la empresa la devolución de la deuda, mientras continúan con la actividad empresarial. Sin embargo, los acreedores que han invertido dinero en la compañía no cobran según lo establecido. En caso de un concurso de acreedores, los bancos se ven obligados a provisionar con un mínimo del 25% del crédito concedido a la compañía. Por eso, hoy día prefieren re-financiar la deuda directamente con la empresa, y sólo recurren al concurso en los casos en los que no hay solución posible y la empresa se disuelve.
Fases del concurso de acreedores
Una vez declarado el concurso de acreedores, el juez nombra a los administradores concursales, que suele estar compuesto por un abogado, un economista y un representante de los acreedores. Pasado un tiempo de análisis, presentan el informe de la situación de la empresa. Este es el momento de decidir si la compañía se liquida por no haber solución posible, o se establece un convenio para que pueda sobrevivir. En este último caso, se incluye un plan de pagos y uno de viabilidad mostrando cómo se procederá a los pagos y demostrando cómo pueden realizarse. Los bancos suelen perdonar el 50% de la deuda.
¿Quien cobra primero en un concurso de acreedores?
Si, finalmente, el concurso de acreedores llega a buen puerto y se constituye un acuerdo de convenio, los primeros en cobrar, según vaya teniendo fondos la empresa, son los acreedores con garantía o hipoteca. En segundo lugar, los trabajadores de la empresa, seguido de las administraciones públicas, Hacienda y la Seguridad Social. Después las entidades financieras, y, finalmente los proveedores o empresas del grupo.