La morosidad, pública y privada, es uno de los principales problemas que siguen afrontando las empresas en general y los autónomos en particular, junto con la falta de financiación. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) para Castellón, Valencia y Alicante, Rafael ha confirmado que desde el comienzo de la crisis “los impagados son la causa del cierre de uno de cada cuatro negocios”.
Eat organización estima la deuda de las distintas administraciones públicas con los autónomos, en torno a los 1.500 millones para el conjunto de la Comunitat Valenciana, y alrededor de 224 millones para el conjunto de los trabajadores por cuenta ajena de la provincia de Castellón.
Según ATA, los ayuntamientos absorben el 80% de la deuda, seguidos de la administración autonómica y, por último, la estatal. Pardo añade que “las administraciones locales son las que más tarde pagan y las que más deuda han acumulado”.
En este sentido, el presidente de ATA en la región indica que uno de los problemas es que sólo hace un mes y con un enorme retraso que se ha puesto en marcha la línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) específica para que los ayuntamientos puedan efectuar los pagos atrasados.
A partir de ahora, indica Pardo, “esperemos que esa línea sea realmente eficaz, de modo que las corporaciones locales no tengan dificultades para acceder a fondos, como ya ha ocurrido con programas como ICO Directo, en el que los autónomos habíamos puesto muchas expectativas, pero que, a la hora de la verdad, no ha aportado liquidez”..
Para Rafael Pardo, “vivimos una situación injusta en la que, en vez de que sea el Gobierno el que nos financie, seamos los autónomos y las empresas quienes financiemos a las administraciones públicas a un interés cero, algo que genera serios problemas de tesorería que ponen en peligro que muchos negocios puedan seguir funcionando”.
En lo que se refiere a los datos nacionales y autonómicos, las administraciones públicas adeudan a los autónomos 13.300 millones de euros, de los cuales más de la mitad (57%) corresponde a entidades de cuatro comunidades autónomas, la valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid.
Para que las corporaciones locales puedan pagar las deudas contraídas con los autónomos, ATA ha solicitado que las líneas de financiación estén acompañadas de un régimen sancionador, que obligue a las administraciones a abonar intereses de demora o que permita compensar estas deudas con los impuestos o a través de cotizaciones.
En una visita al parlamento europeo, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya solicitó al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria y Empresas, Antonio Tajani, la creación de mecanismos de control para que los estados miembros cumplieran los plazos de pago. ATA resalta que un 95% de las administraciones públicas en España incumple la ley de morosidad y las considera el principal foco de destrucción de empleo.