Los profesionales autónomos tienen muy claro lo que se debería hacer con aquellas administraciones que no cumplen con las leyes de morosidad. Desde la irrupción de la crisis, los impagos por parte del sector público se han llevado por delante a unos 200.000 negocios, según los datos que manejan las entidades de trabajadores por cuenta propia. 
Ahora estos autónomos reclaman al Gobierno que sea más contundente con los morosos y que apliquen un recargo del 20% a las administraciones que no respeten los plazos de 30 días de pago como así lo marca la Ley de Morosidad y la Directiva europea. Durante los tres primeros meses de este año los pagos del sector público alcanzaron los 85 días de media a proveedores, que supone prácticamente triplicar lo pactado en estas normativas.
Entre las comunidades autónomas con mayor tasa de morosidad se encuentran Aragón, Murcia y Andalucía, que tardaron más de 120 días, lo que supone cuatro meses. No obstante, la administración pública no se puede considerar la única responsable de la mala situación que afrontan tanto las pymes como los trabajadores por cuenta propia de España.
El ministro de Hacienda reconoció ante la Plataforma multisectorial contra la Morosidad, que engloba en torno al millón y medio de empresas, su intención de luchar contra las empresas que abusan de los impagos y acabar de una vez por todas con estos retrasos. El presidente de esta organización, Antoni Cañete, recomendó a Cristóbal Montoro la puesta en marcha de un sistema que permitiese agregar información sobre los plazos medio de pago.
El presidente de Federación de Trabajadores Autónomos ATA, Lorenzo Amor, cree que la ley debe ser igual para todos. Considera que de la misma manera que la Agencia Tributaria sanciona con un 20% los atrasos, los organismos públicos también deberían contar con ese recargo. También reclaman más mecanismos de control.