Existe un claro desconocimiento de la Ley de Segunda Oportunidad por parte de los autónomos, que no están al tanto de las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la crisis y favorecer sus intereses. Así lo desvelan los datos del Observatorio del Trabajo Autónomo, que han sido elaborados por la Confederación Intersectorial de autónomos del estado español (CIAE). 
La propuesta planteada por el Estado define a la vivienda familiar como un bien que no se puede embargar, dotando de esa manera de una mayor solidez a la estructura familiar. Para ello es preciso que los autónomos adopten el régimen de empresarios con responsabilidad limitada y el valor de la citada vivienda no rebase los 300.000 euros. Es posible que ante su reciente aprobación sean muchos los profesionales por cuenta propia que no conozcan sus ventajas.
Sólo el 1% de los encuestados reconoce haberse cogido a la ley de segundas oportunidades, mientras que una cuarta parte de ellos mantiene que adherirse a ella le resultaría excesivamente caro. Cuando se les preguntaba por los motivos por los que no se acogían a esta medida, la mayoría de los encuestados respondían que no la conocían. La mitad de los consultados no sabía nada de su existencia, por lo que se puede considerar que existe una importante brecha “entre las medidas adoptadas y el desconocimiento de los destinatarios”, según los organizadores del estudio.
No obstante, los autónomos siguen considerando como insuficiente esta medida en caso de fracaso profesional. Siguen apreciando la falta de financiación como el principal problema a afrontar a la hora de plantearse nuevos proyectos profesionales. En lo que se refiere a la valoración personal que realizan sobre la ley de segundas oportunidades, el 57% la considera insuficiente, frente al 20% que la catalogaba de suficiente y el 22% piensa que no le afecta.
Aquellos autónomos que se acogieron a la segunda oportunidad lamentan todos los trámites que tuvieron que afrontar, que definen como excesivos, según una amplia mayoría.