Los autónomos y empresarios tienen la obligatoriedad desde el 15 de Enero de 2015 de presentar facturas electrónicas a la hora de realizar operaciones comerciales con las administraciones públicas siempre y cuando el importe rebase los 5.000 euros o el organismo público de turno así lo señale de forma reglamentaria. Pero parece ser que los autónomos no se adaptan a la factura electrónica. 
Con esta medida se prevé que el Estado ahorre unos 50 millones de euros en lo que se refiere a tramitación, es decir, 3,48 euros por factura. De estos, 2,78 euros hacen referencia a la administración receptora, mientras que para la entidad emisora el ahorro se elevaría hasta los 70 céntimos.
La factura electrónica ya es una realidad desde hace tiempo, pero la obligatoriedad de su uso ha cogido un tanto despistados a autónomos y pymes. Esta sistema está encuadrado dentro de las medidas adoptadas por el Ejecutivo Central para reducir las altas tasas de morosidad en el sector público, que además servirá de aliciente para incrementar la competitividad de las compañías.
Otra de las ventajas de la factura electrónica para autónomos y pymes es que se reducirán en un 80% los errores humanos, el tiempo y el gasto en los trámites, sin olvidarnos del ahorro en papel y en transporte. Las compañías más adaptadas para este cambio se localizan sobre todo en Madrid, Meilla y Baleares. Los grandes problemas para que se interconecten empresas y administración son el miedo al cambio y la incertidumbre. Y es que muchos de los proveedores no están aún preparados para emitir las facturas de forma electrónica. Una encuesta realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), un órgano muy próximo a los ayuntamientos y que son los más cercanos a los autónomos y pymes, desvela que únicamente el 34% se encuentra informatizado. Pese a las ventajas de la factura electrónica los trabajadores por cuenta propia aún no tienen los medios adecuados.