Los autónomos se encuentran en clara desventaja respecto al resto de trabajadores. Pese a las dificultades económicas que atraviesan muchos de ellos son muy pocos los que realmente se pueden acoger al sistema voluntario de concurso de acreedores. Así lo certifican los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del tercer trimestre del año. 
Se disminuyó un 30% respecto al trimestre anterior y en un 29% si se compara con el mismo trimestre del 2013. Entre julio y septiembre del presente ejercicio hubo un total de 1.401 empresas que accedieron a este sistema de defensa patrimonial ante las deudas, de las cuales sólo 25 son personas físicas con actividad empresarial o autónomos, mientras que otras 370 son sociedades limitadas con una facturación por debajo de los 250.000 euros, donde la mayoría de estos negocios se pueden considerar también de titularidad de autónomos.
Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) consideran que el escaso uso del sistema concursal por parte de las personas físicas se debe a la especial complejidad administrativa que representa este sistema para los autónomos, pero sobre todo por el “alto coste del mismo”, apunta el secretario general de esta organización, Sebastián Reyna. Hay que decir que el 21,65% de las empresas concursadas pertenecen al sector de la construcción, mientras que el 19,52% tiene su actividad en el ámbito del comercio. En lo que se refiere al número de empleados, algo más de la mitad (51,41% del total) tiene menos de cinco asalariados, mientras que el 14,96% carece de trabajadores.
En el capítulo de comunidades, hay cinco que concentran el 70% del total de deudores concursados, que son Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Cataluña y Andalucía. Esta organización de autónomos estima que la Ley de Emprendedores no ha resuelto realmente los problemas, ya que establece un sistema de acuerdos extrajudiciales, pero mantiene las mismas tasas que las existentes actualmente para los administradores judiciales.