El próximo 31 de diciembre de 2014 finalizarán los contratos de arrendamiento de renta antigua, que podrían afectar a unos 200.000 autónomos y comercios. Esta medida castigará con la entrada en vigor de la Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos a todos aquellos contratos firmados antes de mayo de 1985. Esto implicaría que los locales mercantiles con estas condiciones verán afectados los precios de los alquileres con incrementos que en ocasiones no podrán ser asumidos por los autónomos o empresarios, según explican desde la organización de autónomos UPTA.
El temor es que todo esto desencadene el cierre de los negocios y la posterior pérdida de puestos de trabajo. Además, esta situación se produce en un momento demasiado crítico para el sector del comercio, donde entre 2010 y 2013 se ha producido una caída del empleo del 8,9%, con una pérdida de 175.000 puestos de trabajo y un descenso de las ventas del 8% en los últimos 12 meses.
No será únicamente el sector del comercio el que se verá castigado con esta medida, ya que también lo estará el de hostelería. Se calcula que aproximadamente uno de cada cinco de estos negocios cuentan con renta antigua. UPTA considera que entre comercio minorista, hostelería y otros establecimientos abiertos al público, se podrían ver afectados por esta medida en torno a los 200.000 negocios mercantiles. Todo ello a partir de enero del próximo año.
Algunos partidos políticos, a petición de las organizaciones de autónomos, han solicitado una moratoria de cinco años para la aplicación de esta medida, que sería el tiempo suficiente para poder negociar los precios de los contratos y esperar que la economía mejore. El secretario institucional de UPTA, César García, reconoce que “llevamos encajando con dignidad todas las consecuencias de la crisis, pero medidas como estas no hacen aún más difícil, cuando no imposible, mantener nuestros establecimientos abiertos y el empleo generado”.