La nueva Ley de Morosidad que entró en vigor el 7 de julio de 2010 fija plazos máximos de 60 días para que la empresa pague a sus proveedores, y de 30 días en el caso de la administración pública.
La ley se irá aplicando de manera escalonada, a lo largo de dos años. Se espera que ayude a mejorar la liquidez de las facturas pendientes, ya que los impagos son una de las principales causas de cierre para autónomos y PYMES.