Resulta una práctica cada vez más utilizada en el mundo empresarial, pero eso no es motivo para reconocerla como algo normal e incluso legal. Se trata de la artimaña que emplean algunas compañías a la hora de contratar empleados. En lugar de realizarles un contrato y asegurarles en la Seguridad Social, reclaman que se den de alta como autónomos para poder optar a ese puesto. 
El ahorro de las empresas es considerable con esta práctica. Incluso algunas se ofrecen a abonar las cuotas de autónomos, sobre todo en los primeros meses, en donde el profesional disfruta de la tarifa plana de 50 euros.
El último caso curioso que ha saltado ala luz es el de una compañía de Vitoria, que optó a un contrato público sin tener dados de alta a los trabajadores. La empresa en cuestión realizó un contrato a media jornada a dos de estos profesionales, obligándoles a darse de alta en el RETA para cubrir la otra mitad. Además, lo peor de todo es que no han abonado nada de dinero a estos profesionales.
Al parecer, según algunos expertos, la oferta que presentó esta compañía fue a la baja y algunos la consideraron incluso de temeraria con el propósito de adjudicase esta obra pública. Lo que está claro es que se está utilizando la figura del autónomo para incumplir los convenios labores y precarizar aún más el empleo.
Este tipo de trabajadores es lo que se considera como falsos autónomos, ya que pertenecen a una compañía y realizan las mismas tareas que haría cualquier asalariado, con la diferencia de que las condiciones son bastante peores. No cuenta con derecho a paro, ni de baja, cotizando a la Seguridad Social para la jubilación como un autónomo más.
Quizás ha llegado la hora de que el Gobierno tome cartas en el asunto y no vuelvan a repetirse más casos de estos, sobre todo cuando hay implicados contratos públicos.