La morosidad de las administraciones públicas con los trabajadores autónomos se redujo durante el último año un 25,3%, que se traduce en 28 días. Esto supone que pasen a cobrar las facturas en 83 días cuando venían de los 111 días. Así lo recoge el informe trimestral de morosidad presentado por la Federación de Asociaciones de Autónomos (ATA).
Por su parte, el sector privado ha aumentado en 4 días los pagos, pasando por lo tanto de los 81 días de septiembre de 2014 a los 85 actuales. Pese a los esfuerzos por acabar con esta lacra, desde esta organización de autónomos insisten en que se incumplen de nuevo los plazos que recoge la Ley de Morosidad, tanto en el ámbito público como en el privado. No olvidemos que la obligación de los primeros sería afrontar los pagos en 30 días frente a los 60 días de las compañías privadas.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, confía en que se pueda acabar el 2015 “por debajo de los 80 días”. La reducción del 25,3% es importante, pero el problema sigue estando ahí, aseguran. Las entidades que no afrontan sus deudas contribuyen a que no se consolide la recuperación económica y desaceleran la adecuada marcha del consumo interno.
Las administraciones públicas que más tiempo tardan en pagar a los proveedores son Extremadura, con 132 días de media; Aragón, con 126, e Islas Baleares y Cataluña con 100 días. En el otro lado de la balanza se encuentran La Rioja, con 48 días; País Vasco, con 49, Navarra, con 51; y Canarias y Castilla y León, con 61 días. Las que consiguieron una mayor reducción en el periodo de pagos en el último año fueron Asturias y Cataluña, con un 34,6% y un 27,5%, respectivamente, mientras que el mayor incremento lo protagonizó Extremadura (71,4%) y Galicia (68,9%).
Las compañías de mayor tamaño son las que presentan más problemas para pagar las facturas. La demora suele alargarse más allá de los cuatro meses.