El escaso número de beneficiarios de la prestación por cese de actividad demuestra las dificultades que tienen los autónomos para acceder a su paro. Después de un año y medio, con dos juicios contra la mutua, una empresaria aragonesa, Alejandra González, ha conseguido que le den la razón, convirtiéndose en una de las 48 personas que de momento han cobrado este año la prestación en la comunidad autónoma. 
Su caso es muy similar al de otros muchos profesionales por cuenta propia. Durante diez años regentó un comercio de ropa infantil, pagando todas las cuotas a la Seguridad Social y desde 2011, año en el que entró en vigor esta medida, empezó a cotizar para recibir esta prestación. La crisis arrasó con todo lo que tenía. Se vio obligada a cerrar la tienda en octubre de 2013 después de registrar unas pérdidas de 30.000 euros anuales y despedir a la única trabajadora que tenía en la plantilla.
Las pérdidas contabilizadas entre 2011 y 2012 superaban con creces las impuestas por la Ley de Mutuas, que fueron modificadas a finales del año pasado. Por norma le habrían correspondido 500 euros mensuales durante cinco meses.
El problema que se encontró esta empresaria es que la Mutua consideraba que los 1.000 euros que ingresaba y que se asignaba como sueldo no eran gastos sino beneficios de la sociedad. En febrero de este año la justicia le dio la razón a la mutua. Según la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Zaragoza debían restarse a las pérdidas declaradas por la empresa los rendimientos de trabajo, es decir, el sueldo. De esta manera no alcanzaría la cantidad mínima que se precisaba para disfrutar del paro de autónomos.
Esta semana, después de mucha insistencia, el Tribunal Superior de Justicia Aragón le ha dado la razón y puede que esta sentencia abra una nueva puerta a los autónomos.